Conflictos amenazan la seguridad social

Por Manuel Pérez

El presidente Leonel Fernández se ha visto precisado a convocar a los diversos sectores que gravitan sobre el sistema dominicano de seguridad social, en vista de que diversos conflictos amenazan su sostenibilidad y provocan que los beneficiarios no puedan recibir adecuadamente el servicio por el cual están pagando.

El presidente Leonel Fernández se ha visto precisado a convocar a los diversos sectores que gravitan sobre el sistema dominicano de seguridad social, en vista de que diversos conflictos amenazan su sostenibilidad y provocan que los beneficiarios no puedan recibir adecuadamente el servicio por el cual están pagando.

Uno de estos conflictos se sustenta en la posición sostenida por la Asociación de Clínicas Privadas (Andeclip) que ha advertido a todos los afiliados de las ARS que se opone a la amenaza de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) de amonestarlas por cobrar anticipo a los pacientes con necesidad de cuidados intensivos y con enfermedades catastróficas.

El Consejo Nacional de la Seguridad Social puso en vigencia el reglamento sobre infracciones y sanciones con relación al Seguro Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos Laborales.

En este reglamento se tomaron en cuenta las observaciones de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, la Prestadora de Servicios de Salud y las Administradoras  de Riesgos de Salud y de acuerdo a las autoridades esta medida tiene como objetivo definir las infracciones, la gravedad de las mismas, así como las sanciones que correspondan en cada caso, a ser aplicadas se conformidad con lo dispuesto en los artículos 181 y 183 de la Ley 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Este conflicto entre las clínicas y la Sisalril ha surgido porque ésta última fijó una cobertura de hasta 500 mil pesos para las enfermedades catastróficas (hemorragias cerebrales y cirugías de alto costo) y los cuidados intensivos. Asimismo, el superintendente de la Sisalril, Fernando Caamaño, ha advertido a las clínicas que las dejaría fuera de la red de salud y las sancionaría con el pago de fuertes sumas, si continuaban en su posición de cobrar anticipos económicos a los pacientes en las condiciones citadas.

Otro conflicto tiene que ver con el hecho de que algunas ARS han objetado por la vía judicial la afiliación obligatoria de los empleados públicos al Seguro Nacional de Salud (SENASA). La disposición de la Sisalril dispone el traspaso automático al Senasa de más de 300,000 empleados públicos que se encuentran afiliados a las Administradoras de Riesgos de Salud privadas.

Los abogados del Senasa plantean que al dejar provisionalmente sin efecto la Resolución 159-2008, el tribunal ha vulnerado el artículo 21 de la Ley 437 que regula el proceso constitucional de amparo, puesto que su decisión juzga el fondo antes de estatuir sobre la competencia. También considera que la decisión del tribunal, al vulnerar el artículo 21 de la Ley 437-06, se hace pasible de ser casada.

Igualmente existe un conflicto –aunque se está en proceso de diálogo para su solución- entre las Administradoras de Riesgos Laborales y distintas sociedades de medicina especializadas (algunas ARS han sido aceptadas por los galenos). En este sentido, lo que se discute fundamentalmente es la tarifa pagada por las ARS a los especialistas.

Conflicto subyacente es el de algunos empresarios que consideran que es su deber continuar con una doble cotización, por la falta de confianza en el Seguro Familiar de Salud.

Mañana, martes, en el encuentro con el presidente Fernández, han de ser dilucidados parte de estos conflictos.