El Coordinador General de ADOCCO, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, respaldo el trabajo que vienen realizando las valiosas periodistas que cada semana asumen la denuncias de irregularidades en diversas instituciones del estado dominicano, convirtiendo sus programas en verdaderos mecanismos de control interno, control que ha sido abandonado por la Contraloría General de la Republica, la Cámara de Cuentas y el Congreso Nacional, a quienes constitucionalmente le esta asignada esa función.

De la Rosa Tiburcio coincide con Guerrero, en el sentido de que Nuria y Alicia “están siendo presionadas para que desistan de denunciar la corrupción”, y esa preocupación la sustenta en el anuncio hecho por el diputado de Puerto Plata Crisóstomo de presentar un proyecto de modificación de la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Publica.

“Las pretensiones del diputado no son individuales se trata de un ensayo que fue lanzado para medir a la sociedad civil, por lo que desde ahora anunciamos que no vamos a permitir que la principal herramienta con que contamos las organizaciones que luchan contra la corrupción sea mutilada, porque gracias a ella hemos podido obtener informaciones que anteriormente era impensable obtenerlas”. Acoto De la Rosa.

La ley de libre acceso a la información conjuntamente con la ley de compras y contrataciones publicas, fueron promovidas por las convenciones de lucha contra la corrupción de la ONU y la OEA, de las que la Republica Dominicana es signataria, por lo que su modificación, contrario al espíritu de lo propuesto por las convenciones la convertiría en una ley ineficaz, por lo ADOCCO procedió a denunciarlo ante los organismos internacionales que velan por la transparencia y ante mas de trescientas organizaciones sociales del mundo con las que la alianza mantiene relaciones.

“Acogemos la propuesta de Miguel Guerrero, e invitamos para la conformación de ese frente de apoyo a Nuria y Alicia a las organizaciones de la sociedad civil, Fundación Justicia y Transparencia, FJT, Participación Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y las entidades que forman el foro social”. Concluyo De la Rosa.